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Prensa Descubre a DACO en los medios

Acompáñanos detrás de la noticia con nuestro archivo de reportajes y entrevistas de temas relacionados a los consumidores. Te conectamos con los medios de comunicación para que te enteres de todos nuestros esfuerzos por servirte mejor. Además conoce los comunicados de prensa que emite el DACO.


Sep 21
Gobernador Rosselló Nevares acude a tribunales en defensa de los asegurados

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó hoy que de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) presentaron dos demandas en contra de las aseguradoras para velar por el interés público y defender a los asegurados tras el paso del huracán María por Puerto Rico.

"La actuación de las aseguradoras en varios casos pone en juego nuestra capacidad para recuperarnos tras el paso de los huracanes. Debemos ayudar a los asegurados para impedir la migración y pérdida de empleos en la Isla", puntualizó el primer ejecutivo.

Rosselló Nevares añadió que "muchos asegurados se encuentran tramitando aún sus reclamaciones en los procesos internos de las aseguradoras. Este atraso es injustificable y atenta contra nuestro progreso luego de la devastación".


Por una parte, la demanda de clase que presenta DACO en representación de los consumidores se hace con el fin de evitar que una aseguradora pueda levantar como defensa el alegado término de caducidad de un año y permitir que los asegurados sigan con sus reclamaciones bajo su póliza.

Varias aseguradoras han interpretado que los asegurados tienen un año para demandarlos en los tribunales o pierden su reclamación; esto se conoce como término de caducidad.

Dicha interpretación crea una gran injusticia pues el 20 de septiembre de este año —tras 1 año del paso del huracán María— las aseguradoras podrían denegar las reclamaciones de muchos asegurados y después alegar que estos no pueden ir al tribunal a exigir sus derechos.

Además, en esta demanda se están reclamando daños a nombre de los consumidores que todavía no han sido indemnizados.

El secretario de DACO, Michael Pierluisi, expresó que "el hecho de que, a casi un año del paso del huracán María, estas reclamaciones no estén resueltas es inaceptable".

Asimismo, el titular de DACO añadió que "como el ente llamado a vindicar los derechos de los consumidores, trabajaremos este pleito arduamente ante todos los foros pertinentes para resolver estas reclamaciones y contribuir a que los consumidores asegurados recuperen sus pérdidas y, más importante aún, su calidad de vida. Con la presentación de este pleito, hemos puesto a los consumidores en una posición más sólida frente a las aseguradoras".

Por otra parte, la demanda de sentencia declaratoria de la OCS se presenta para que el tribunal determine que ese término de un año no es de caducidad sino uno de prescripción, que puede ser interrumpido mediante reclamación extrajudicial, como la reclamación en el foro interno de la aseguradora.

Eso permitirá que, para esta y futuras ocasiones, la aseguradora no pueda levantar la defensa de caducidad al año a pesar de que el asegurado haya hecho reclamaciones extrajudiciales en los foros internos de la aseguradora.

Por su parte, el comisionado de la OCS, Javier Rivera Ríos, puntualizó que "nuestra oficina, junto al Departamento de Justicia, han establecido una demanda para que el tribunal se exprese en sentencia declaratoria sobre si el periodo para un asegurado acudir a los tribunales para instar una acción judicial contra el asegurador es uno prescriptivo o de caducidad".

Rivera Ríos también afirmó que "vemos en esto una medida favorable ya que evita la incertidumbre sobre el término que poseen los asegurados afectados por el huracán María para ir a los tribunales y hacer valer sus derechos bajo la póliza en caso de alguna controversia".

La OCS ha tenido que notificar 53 órdenes contra las aseguradoras, con multas que ascienden a unos $5.9 millones, para atender 19,607 reclamaciones de asegurados.

Además, la oficina ha recibido 1,658 querellas, de las cuales aún quedan pendientes 999.

Al 31 de julio de 2018 y solo sobre el huracán María, los asegurados han realizado unas 276,000 reclamaciones a las aseguradoras. De estas, unas 83,000 están cerradas, pero no se ha emitido pago al asegurado.

También, hay unas 16,000 reclamaciones sin resolver por parte de las aseguradoras.

Mientras, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, expresó que "a casi un año y como resultado del devastador paso del huracán María, miles de puertorriqueños y residentes de esta Isla perdieron sus pertenencias y sus hogares. Aun ante la tragedia, descansaron en poder reconstruir y recuperar la normalidad en sus vidas en el entendido de tener sus bienes asegurados".

Vázquez Garced señaló además que "es altamente injusto que, a un año del paso del huracán, todavía haya asegurados que, pese a hacer sus reclamos a las aseguradoras no les han respondido, atendido ni desembolsado lo que les corresponde. Esperamos que estas acciones legales ayuden a Puerto Rico a seguir adelante y a levantarse. Es lo más justo".

Estas dos demandas se unen a otras iniciativas que presentó el gobernador ante la Asamblea Legislativa para proteger a los asegurados; las mismas se están trabajando en la Legislatura para su aprobación.

Una de las medidas propone implementar el proceso obligatorio de valoración (appraisal) por medio de un árbitro. Con este proceso —disponible en las demás jurisdicciones de los Estados Unidos—las partes podrán someter el asunto ante un árbitro para llegar a una resolución de forma rápida y económica.

Este proceso de valoración no suplantará o constituirá una renuncia del derecho del asegurado a iniciar una acción judicial.

Otra de las medidas enmienda el Código de Seguros para prohibir cualquier cláusula o estipulación en un contrato o póliza de seguro que limite la facultad del asegurado para hacer valer sus derechos bajo la póliza en los tribunales.

Además, se presentó una enmienda para facilitar a las entidades que cualifiquen, la colocación de riesgos comerciales particulares con aseguradores de líneas excedentes.

De esta manera, se podría dispensar a ciertas entidades del requisito de circular el riesgo entre los aseguradores de la Isla antes de recurrir a un asegurador de líneas excedentes.

En momentos en los que el costo de las primas comerciales ha visto un drástico aumento, esto resultará en mayor acceso a primas más asequibles para los comercios, condominios y entidades gubernamentales.

Por otra parte, se propone establecer un mecanismo para que la Rama Judicial cree salas especializadas con jueces preparados para que, ante una declaración de emergencia, puedan ver de manera expedita los casos sobre seguros.

También se presentó una enmienda para que, en casos de que el asegurador no haya procedido con buena fe o que el manejo de la reclamación fuera irrazonable, se establecería como penalidad del pago de la totalidad de honorarios y costos para el proceso administrativo y judicial.

Mientras, se ha propuesto una enmienda para requerir a cada asegurador mantener por escrito un plan de respuesta ante un evento catastrófico o de emergencia, mediante el establecimiento de un proceso para asegurar la continuidad de los servicios y operaciones.

Además, se propuso legislar para obligar a las aseguradoras a hacer pagos parciales aplicable a las partidas donde no existe controversia.

También se presentó una medida para que las aseguradoras reembolsen los gastos incurridos en su investigación o en un examen financiero para asegurar que están debidamente capacitadas a responder a sus asegurados.

Este modelo de reembolso y fiscalización es seguido por múltiples jurisdicciones como California, Illinois, Massachusetts, Maryland, Dakota del Norte, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur y Utah.

Finalmente, se propuso una enmienda para crear una nueva cubierta a bajo costo con beneficios limitados y definidos, conocida como microseguros. En caso de ocurrir un evento catastrófico, el microseguro permitiría al asegurado recibir una indemnización predeterminada sin necesidad de pasar por los procesos de ajuste de la reclamación.

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Sep 21
Gobernador Rosselló Nevares acude a tribunales en defensa de los asegurados

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó hoy que de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) presentaron dos demandas en contra de las aseguradoras para velar por el interés público y defender a los asegurados tras el paso del huracán María por Puerto Rico.

"La actuación de las aseguradoras en varios casos pone en juego nuestra capacidad para recuperarnos tras el paso de los huracanes. Debemos ayudar a los asegurados para impedir la migración y pérdida de empleos en la Isla", puntualizó el primer ejecutivo.

Rosselló Nevares añadió que "muchos asegurados se encuentran tramitando aún sus reclamaciones en los procesos internos de las aseguradoras. Este atraso es injustificable y atenta contra nuestro progreso luego de la devastación".


Por una parte, la demanda de clase que presenta DACO en representación de los consumidores se hace con el fin de evitar que una aseguradora pueda levantar como defensa el alegado término de caducidad de un año y permitir que los asegurados sigan con sus reclamaciones bajo su póliza.

Varias aseguradoras han interpretado que los asegurados tienen un año para demandarlos en los tribunales o pierden su reclamación; esto se conoce como término de caducidad.

Dicha interpretación crea una gran injusticia pues el 20 de septiembre de este año —tras 1 año del paso del huracán María— las aseguradoras podrían denegar las reclamaciones de muchos asegurados y después alegar que estos no pueden ir al tribunal a exigir sus derechos.

Además, en esta demanda se están reclamando daños a nombre de los consumidores que todavía no han sido indemnizados.

El secretario de DACO, Michael Pierluisi, expresó que "el hecho de que, a casi un año del paso del huracán María, estas reclamaciones no estén resueltas es inaceptable".

Asimismo, el titular de DACO añadió que "como el ente llamado a vindicar los derechos de los consumidores, trabajaremos este pleito arduamente ante todos los foros pertinentes para resolver estas reclamaciones y contribuir a que los consumidores asegurados recuperen sus pérdidas y, más importante aún, su calidad de vida. Con la presentación de este pleito, hemos puesto a los consumidores en una posición más sólida frente a las aseguradoras".

Por otra parte, la demanda de sentencia declaratoria de la OCS se presenta para que el tribunal determine que ese término de un año no es de caducidad sino uno de prescripción, que puede ser interrumpido mediante reclamación extrajudicial, como la reclamación en el foro interno de la aseguradora.

Eso permitirá que, para esta y futuras ocasiones, la aseguradora no pueda levantar la defensa de caducidad al año a pesar de que el asegurado haya hecho reclamaciones extrajudiciales en los foros internos de la aseguradora.

Por su parte, el comisionado de la OCS, Javier Rivera Ríos, puntualizó que "nuestra oficina, junto al Departamento de Justicia, han establecido una demanda para que el tribunal se exprese en sentencia declaratoria sobre si el periodo para un asegurado acudir a los tribunales para instar una acción judicial contra el asegurador es uno prescriptivo o de caducidad".

Rivera Ríos también afirmó que "vemos en esto una medida favorable ya que evita la incertidumbre sobre el término que poseen los asegurados afectados por el huracán María para ir a los tribunales y hacer valer sus derechos bajo la póliza en caso de alguna controversia".

La OCS ha tenido que notificar 53 órdenes contra las aseguradoras, con multas que ascienden a unos $5.9 millones, para atender 19,607 reclamaciones de asegurados.

Además, la oficina ha recibido 1,658 querellas, de las cuales aún quedan pendientes 999.

Al 31 de julio de 2018 y solo sobre el huracán María, los asegurados han realizado unas 276,000 reclamaciones a las aseguradoras. De estas, unas 83,000 están cerradas, pero no se ha emitido pago al asegurado.

También, hay unas 16,000 reclamaciones sin resolver por parte de las aseguradoras.

Mientras, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, expresó que "a casi un año y como resultado del devastador paso del huracán María, miles de puertorriqueños y residentes de esta Isla perdieron sus pertenencias y sus hogares. Aun ante la tragedia, descansaron en poder reconstruir y recuperar la normalidad en sus vidas en el entendido de tener sus bienes asegurados".

Vázquez Garced señaló además que "es altamente injusto que, a un año del paso del huracán, todavía haya asegurados que, pese a hacer sus reclamos a las aseguradoras no les han respondido, atendido ni desembolsado lo que les corresponde. Esperamos que estas acciones legales ayuden a Puerto Rico a seguir adelante y a levantarse. Es lo más justo".

Estas dos demandas se unen a otras iniciativas que presentó el gobernador ante la Asamblea Legislativa para proteger a los asegurados; las mismas se están trabajando en la Legislatura para su aprobación.

Una de las medidas propone implementar el proceso obligatorio de valoración (appraisal) por medio de un árbitro. Con este proceso —disponible en las demás jurisdicciones de los Estados Unidos—las partes podrán someter el asunto ante un árbitro para llegar a una resolución de forma rápida y económica.

Este proceso de valoración no suplantará o constituirá una renuncia del derecho del asegurado a iniciar una acción judicial.

Otra de las medidas enmienda el Código de Seguros para prohibir cualquier cláusula o estipulación en un contrato o póliza de seguro que limite la facultad del asegurado para hacer valer sus derechos bajo la póliza en los tribunales.

Además, se presentó una enmienda para facilitar a las entidades que cualifiquen, la colocación de riesgos comerciales particulares con aseguradores de líneas excedentes.

De esta manera, se podría dispensar a ciertas entidades del requisito de circular el riesgo entre los aseguradores de la Isla antes de recurrir a un asegurador de líneas excedentes.

En momentos en los que el costo de las primas comerciales ha visto un drástico aumento, esto resultará en mayor acceso a primas más asequibles para los comercios, condominios y entidades gubernamentales.

Por otra parte, se propone establecer un mecanismo para que la Rama Judicial cree salas especializadas con jueces preparados para que, ante una declaración de emergencia, puedan ver de manera expedita los casos sobre seguros.

También se presentó una enmienda para que, en casos de que el asegurador no haya procedido con buena fe o que el manejo de la reclamación fuera irrazonable, se establecería como penalidad del pago de la totalidad de honorarios y costos para el proceso administrativo y judicial.

Mientras, se ha propuesto una enmienda para requerir a cada asegurador mantener por escrito un plan de respuesta ante un evento catastrófico o de emergencia, mediante el establecimiento de un proceso para asegurar la continuidad de los servicios y operaciones.

Además, se propuso legislar para obligar a las aseguradoras a hacer pagos parciales aplicable a las partidas donde no existe controversia.

También se presentó una medida para que las aseguradoras reembolsen los gastos incurridos en su investigación o en un examen financiero para asegurar que están debidamente capacitadas a responder a sus asegurados.

Este modelo de reembolso y fiscalización es seguido por múltiples jurisdicciones como California, Illinois, Massachusetts, Maryland, Dakota del Norte, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur y Utah.

Finalmente, se propuso una enmienda para crear una nueva cubierta a bajo costo con beneficios limitados y definidos, conocida como microseguros. En caso de ocurrir un evento catastrófico, el microseguro permitiría al asegurado recibir una indemnización predeterminada sin necesidad de pasar por los procesos de ajuste de la reclamación.

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Aug 13
DACO recibe comunidad escolar Esc. Rafael Cordero de Santurce

​El Departamento de Asuntos del Consumidor se sumó a la iniciativa de #RenuevaTuEscuela y le dio hoy la bienvenida a los estudiantes y maestros de la Escuela Rafael Cordero, de Santurce.

"Por segundo año consecutivo, DACO adoptó la Escuela Rafael Cordero para asegurarse de que el regreso a clases es una experiencia positiva para la comunidad. El año pasado nos encargamos de pintar la escuela en su totalidad, además de acondicionar las diferentes áreas del plantel. Este año se hizo una limpieza profunda y se hicieron trabajos de ornato, así como reparaciones", explicó el secretario de Daco, licenciado Michael Pierluisi Rojo.

"Me satisface ver que la comunidad regresa al plantel y lo encuentra en condiciones óptimas. Reconocen que la iniciativa de la Primera Dama, Beatriz Rosselló ha cambiado el ambiente para un inicio de año más agradable.  Estamos muy contentos de haber renovado nuestro compromiso con esta escuela", agregó el funcionario, refiriéndose a las iniciativas #RenuevaTuEscuela y #FortalezaParaTi.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aug 07
A medir DACO la efectividad de la ley de bolsas reusables

El Departamento de Asuntos del Consumidor se encuentra realizando un estudio para investigar el cumplimiento con la Ley Núm. 247-2015, conocida como la "Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas" en Puerto Rico, anunció hoy el secretario, licenciado Michael Pierluisi Rojo.

""El propósito de la investigación es medir cuán efectiva ha sido la ley para cumplir con el propósito de eliminar o reducir el uso de bolsas plásticas desechables para el acarreo de productos en las tiendas", explicó el Secretario del DACO. "Además, el estudio contempla analizar las opciones de bolsas reusables que los establecimientos comerciales tienen disponibles para los consumidores", agregó.

Como parte de esa investigación, se han enviado sobre 20 requerimientos de información a diferentes tipos de comercios, tales como supermercados, tiendas por departamentos y ferreterías.

De acuerdo al funcionario, los comercios deben informar cuántas bolsas reusables han entregado para el acarreo de productos durante los años 2016, 2017 y 2018, los tipos de bolsas reusables que actualmente tienen disponible en sus establecimientos y si conlleva algún costo para el consumidor. 

Deberán informar, además, el material, peso, tamaño y capacidad de las bolsas reusables que entregan a los consumidores.

Asimismo, las empresas están obligadas a brindar información sobre cuántas bolsas plásticas desechables han adquirido durante los años entre 2015 a 2018, los costos de adquisición, y la cantidad de proveedores, informó Pierluisi.

​El incumplimiento con el requerimiento de información podría conllevar la imposición de una multa administrativa de hasta $10,000.00

Jul 20
Discuten regulación de DACO a administradores de condominios

​El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), licenciado Michael Pierluisi Rojo, dijo estar dispuesto a adoptar un reglamento que profesionalice a los administradores de condominios, como una manera de proteger a los consumidores.

"La Ley de Condominios faculta al Secretario del DACO a adoptar reglamentación para capacitar o certificar a los agentes administradores. La regulación de esta profesión, así como la creación de un registro para este tipo de profesionales pretende asegurar unos estándares mínimos de calidad en la práctica, que proteja adecuadamente a los consumidores", expresó el Secretario.

Este fue uno de los temas discutidos por el Secretario, en reunión con la Coalición de Condominios, la Asociación de Condominios y Controles de Acceso de Puerto Rico, la Federación de Condominios y Control de Acceso, y la Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso.

"En DACO recibimos consultas con mucha frecuencia sobre los derechos de los consumidores- titulares- frente a las asociaciones de donde residen y muchas veces se desconoce el alcance de las funciones de la administración", indicó Pierluisi.

En este momento se discuten cambios al ordenamiento legal que rige la administración de los condominios.

"La última revisión abarcadora de la Ley de Condominios se realizó hace ya 15 años, en el 2003, de manera que estamos discutiendo nuevas ideas para incorporar en un nuevo proyecto de ley", explicó el Secretario.

Pierluisi participará como orador en la 13va Convención de Condominios que se celebrará el  próximo 18 de agosto de 2018 en el Hotel Embassy Suites de Dorado.


 


Jul 13
Hacienda y DACO inspeccionan venta escolar sin IVU

A través de toda la Isla inspectores del Departamento de Hacienda y del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) han estado verificando que se atienda correctamente la fiscalización a la carta circular que decretó libre de pago de IVU en los uniformes y materiales escolares.

"Hasta el momento la venta ha transcurrido sin contratiempos y se han estado atendiendo dudas o preguntas tanto en los comercios, como en las redes sociales y consultas telefónicas", aseguró el secretario de DACO, licenciado Michael Pierluisi Rojo.

"Estos dos días libre del pago de IVU en la venta de uniformes y materiales escolares son sumamente importantes para nuestros comerciantes quienes se preparan para recibir a los consumidores ante el regreso a clases. Nuestros agentes están visitando comercios para orientarlos y asegurarnos que cumplan con no cobrar el IVU a los artículos exentos", expresó, por su parte, el secretario de Hacienda, licenciado Raúl Maldonado.

Este año, el periodo libre del pago de IVU en la venta de uniformes y materiales escolares comenzó a las doce de la medianoche de hoy y concluirá a las 11:59 p.m. de mañana sábado, 14 de julio de 2018. Según la Sección 403020(b) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, se exime del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso ("IVU") a los uniformes y materiales escolares, según se definen en dicha sección, durante un periodo de dos días en el mes de julio y dos (2) días en el mes de enero.  

La Carta Circular de Rentas Internas 18-10, disponible en www.hacienda.pr.gov, establece que los materiales que se incluyen en el periodo libre de IVU se limitarán únicamente a los uniformes y materiales escolares.

Ambos funcionarios llamaron la atención a que cada vez hay más claridad con respecto a esta venta, y aseguraron que ese alivio económico de dos días es parte de la política pública del gobernador Ricardo Rosselló, para incentivar la economía, al tiempo que se le da un respiro a las familias trabajadores de cara al reinicio de un nuevo curso escolar.

"Desde un principio tanto en Hacienda como en DACO hemos hecho una prioridad llevar orientación, tanto en ventas especiales como ante medidas tomadas por emergencias ante eventos atmosféricos. Hemos visto cómo los comercios están cada vez más organizados y mejor preparados. Pero también hemos observado un consumidor más educado y mucho más informado. Esa es nuestra misión", dijo Pierluisi.

 

 


Jul 08
11 multas como resultado de operativo de fiscalización de DACO

Unas once multas fueron impuestas ayer por inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) durante el recorrido de fiscalización de las órdenes de congelación de precios de artículos de primera necesidad y de márgenes de ganancia bruta en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina,  diésel y gas licuado.

No obstante, las violaciones detectadas se debieron a incumplimiento con diferentes estatutos del DACO, como falta de rotulación, no disponibilidad de productos anunciados o ausencia de alternativas pago, explicó el Secretario Michael Pierluisi.

"Nuestros inspectores realizaron ayer 145 visitas alrededor de toda la Isla. En el proceso de fiscalizar la orden emitida el viernes se encontraron con violaciones mínimas en términos generales. Resulta significativo que ninguna de estas infracciones son por aumentar los precios de los artículos de primera necesidad ni por aumento en la gasolina, diésel o gas licuado", expresó el Secretario.

"Durante las pasadas emergencias- Irma y María- nuestros inspectores estuvieron en la calle sin parar luego de emitidas las órdenes de congelación. Eso envió un mensaje claro al comercio de que no se permitirían las especulaciones en detrimento del consumidor, conforme a la política de nuestro gobernador Ricardo Rosselló", agregó.

El funcionario aseguró que los inspectores continuarán vigilantes al cumplimiento de la orden vigentes, cuyas infracciones ascienden hasta los $10,000.

El listado de artículos de primera necesidad incluye alimentos enlatados y frescos; medicamentos de uso oral, tópico, ótico y/o oftálmico, para tratar las infecciones en la piel, gastroenteritis, envenenamiento, gripe y resfriado, conjuntivitis y cualquier otra condición que surja a consecuencia de la situación de emergencia, y otras especialidades y prácticas farmacéuticas; tormenteras, servicios de modificación, reparación e instalación de tormenteras; tornillos, tuercas, clavos, expansiones, paneles de madera, soga, tensores y herramientas; plantas eléctricas de gasolina, diésel o de gas propano, equipos, piezas, servicios de modificación, reparación e instalación de plantas eléctricas, de gasolina, diésel o de gas propano; cisternas de agua, equipos, piezas, servicios de modificación, reparación e instalación de cisternas de agua; equipos, piezas y tranques de combustible de estufas portátiles; tanques y recipientes de almacenamiento de agua; y tanques y recipientes de almacenamiento de combustible.

Además, incluye toldos y casetas de campaña; baterías; linternas de todo tipo; velas; fósforos; encendedores (lighters); artículos y botiquines de primeros auxilios (first aid kits); cargadores de energía; agua; hielo; leche; fórmula de leche para bebés; café; todo tipo de farináceos y de granos; y cualquier otro artículo o servicio que un consumidor pueda razonablemente necesitar para prepararse o recuperarse de una situación de emergencia.

​En el caso del combustible, se prohíben los aumentos de los márgenes de ganancia bruta en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina, gas licuado de petróleo y diésel. Ningún detallista, mayorista o distribuidor de estos productos podrá tener un margen de ganancia bruta mayor a los niveles vigentes a la fecha de emisión de la orden.

 

Jul 07
Inspecciones de DACO revelan que fluye con normalidad el comercio

​Los inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) salieron a la calle en el día de hoy para fiscalizar la orden emitida ayer por el secretario Michael Pierluisi, que congeló los precios de los artículos de primera necesidad, así como el margen de ganancia bruta en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina,  diésel y gas licuado.

"DACO está activado en todas las regiones de la Isla y no se ha encontrado con violaciones significativas a la orden. En términos generales el comercio ha estado actuando con responsabilidad, no han aumentado los precios y salvo algunos casos, han contando con buen inventario para enfrentar cualquier emergencia. El producto más vendido es claramente el agua embotellada y a algunos establecimientos se les ha agotado ", expresó el Secretario del DACO.

En cuanto a las estaciones de gasolina indicó que no se han visto variaciones irrazonables de precios al comparar el costo en bomba con las facturas de compra.

Actualmente hay sobre 1,350 barriles de gasolina y 900,000 barriles de diésel, además de sobre 1,000 estaciones abiertas.

"Los esfuerzos de preparación a la luz de la experiencia han estado llevándose a cabo y conforme a la petición del gobernador Ricardo Rosselló, nuestros inspectores continuarán velando por el estricto cumplimiento de las mismas, en beneficio del consumidor", indicó Pierluisi.

 

 

 

Jul 06
Secretario DACO emite orden de congelación de precios de manera preventiva

Debido a que la ciudadanía se mantiene vigilante al sistema atmosférico Berly, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), licenciado Michael Pierluisi Rojo, emitió una orden preventiva que congela los precios de los artículos de primera necesidad, mientras que congela el margen de ganancia bruta en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina,  diésel y gas licuado.

La orden, efectiva inmediatamente, se emite, según Pierluisi, “conforme a la política pública del gobernador Ricardo Rosselló, para proteger a los consumidores del alza especulativa e injustificada en los precios de los productos de primera necesidad durante los preparativos para el evento atmosférico”. Tiene una vigencia de diez días y establece multas de hasta $10,000 por incumplimiento.

“Aunque algunas proyecciones apuntan a que Berly se debilite en su ruta a Puerto Rico, es altamente recomendado que la ciudadanía se prepare diligentemente. En este proceso, como hicimos en el pasado, no toleraremos especulaciones”, expresó Pierluisi.

El listado de artículos de primera necesidad incluye alimentos enlatados y frescos; medicamentos de uso oral, tópico, ótico y/o oftálmico, para tratar las infecciones en la piel, gastroenteritis, envenenamiento, gripe y resfriado, conjuntivitis y cualquier otra condición que surja a consecuencia de la situación de emergencia, y otras especialidades y prácticas farmacéuticas; tormenteras, servicios de modificación, reparación e instalación de tormenteras; tornillos, tuercas, clavos, expansiones, paneles de madera, soga, tensores y herramientas; plantas eléctricas de gasolina, diésel o de gas propano, equipos, piezas, servicios de modificación, reparación e instalación de plantas eléctricas, de gasolina, diésel o de gas propano; cisternas de agua, equipos, piezas, servicios de modificación, reparación e instalación de cisternas de agua; equipos, piezas y tranques de combustible de estufas portátiles; tanques y recipientes de almacenamiento de agua; y tanques y recipientes de almacenamiento de combustible.

Además, incluye toldos y casetas de campaña; baterías; linternas de todo tipo; velas; fósforos; encendedores (lighters); artículos y botiquines de primeros auxilios (first aid kits); cargadores de energía; agua; hielo; leche; fórmula de leche para bebés; café; todo tipo de farináceos y de granos; y cualquier otro artículo o servicio que un consumidor pueda razonablemente necesitar para prepararse o recuperarse de una situación de emergencia.

En el caso de los artículos de primera necesidad, los precios de venta quedan congelados, aunque los artículos anunciados en venta especial previo a la expedición de la orden deberán honrarse hasta la fecha límite anunciada. Pierluisi explicó, no obstante, que no se podrán alterar los términos y condiciones de venta en ninguna forma que pudiera resultar en el encarecimiento de algún producto a través de aumentos.

En el caso del combustible, se prohíben los aumentos de los márgenes de ganancia bruta en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina, gas licuado de petróleo y diésel. Ningún detallista, mayorista o distribuidor de estos productos podrá tener un margen de ganancia bruta mayor a los niveles vigentes a la fecha de emisión de la orden.

El Secretario de DACO destacó que existen abastos suficientes de gasolina, diésel o gas licuado, o el equivalente a sobre 30 días de consumo regular de todos los combustibles.

“Los inspectores de la agencia estuvieron todo el día de hoy monitoreando las filas en los comercios y gasolineras. En general, lo más vendido fue agua, pero no recibimos informes de anomalías ni  de movimientos abruptos de mercancía, ni de escasez”, expresó el funcionario.

Orden 2018-005

Jun 04
FAMILIA Y DACO FACILITAN COORDINACIÓN ENTRE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLE E INSTITUCIONES DE ADULTOS Y MENORES 

​En busca de alternativas que faciliten el suplido de gasolina, diésel y gas propano a los centros e instituciones que albergan menores y adultos mayores durante un período de emergencia, la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Glorimar Andújar Matos, se reunió con el Presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Juan Gerardo Colón y el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Michael Pierluisi.

Como preámbulo a la nueva temporada de huracanes, la funcionaria indicó que "durante el período de emergencia post-María, uno de los retos que enfrentaron los hogares, instituciones y égidas fue la falta de combustible para poder operar los generadores eléctricos, afectando la operación de algunos de ellos", mencionó la Secretaria del DF. 

"Esta coordinación incluye al Secretario del DACO, que nos ha dado la oportunidad de uniformar la respuesta a través de un acuerdo con los detallistas de gasolina. Buscamos crear una ruta de suplido de combustible que le permita a nuestras instituciones operar sus generadores eléctricos en momentos de emergencia," aseguró Andújar.

Por su parte, el Secretario del DACO adelantó que "la próxima semana tendremos reuniones con distribuidores de diésel y gas licuado para continuar facilitando y promoviendo alternativas efectivas de suplido".

"Es fundamental, no obstante, que todas las instituciones, de toda naturaleza, estén preparadas con tiempo y que tengan sus propios planes de contingencia", expresó Pierluisi.

La titular de familia añadió que "buscamos crear unos acuerdos entre distribuidores e instituciones que nos permitan actuar efectivamente en una situación de emergencia, dejando establecida la ruta de suplido de combustible para que la misma se pueda llevar a acabo aún en un escenario en que se interrumpa la comunicación. Queremos adelantarnos a cualquier situación que se pueda presentar en casos de emergencia".

Actualmente el Departamento de la Familia licencia a 938 hogares de adultos mayores y 973 hogares de menores.

"Durante la reunión se discutió la posible creación de una identificación especial que le permitiría al personal de emergencia del Departamento de la Familia, al igual que a los dueños de instituciones, coordinar la obtención de combustible en las gasolineras," puntualizó Andújar Matos.

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